08/01/2018 – El largo calvario judicial de una víctima de violencia de género

Tras las denuncias de malos tratos, muchas mujeres se enfrentan a años de un proceso judicial que, en ocasiones, en lugar de protegerlas y subsanar los daños que han padecido por la violencia machista, las culpabiliza. El caso de Isabel es uno de estos ejemplos.

Aquel 12 de abril de 2014 Isabel L. pensó que ponía un punto y final a más de tres años de malos tratos y sufrimiento. Ese día, tras una brutal paliza, finalmente reunió las fuerzas suficientes para entrar en su casa, cerrar la puerta y llamar al 016. Esta vez sí. No era la primera agresión, pero sí la más grave. Tal como relata ella y se recoge en una sentencia, las intimidaciones, vejaciones, insultos, agresiones y amenazas fueron constantes durante un período de tres años. Incluso estando embarazada de la hija en común, que hoy tiene cinco años, las agresiones no cesaron.

Sin embargo, ella siempre se había negado a denunciar e incluso a separarse. Siempre acababa por pedirle perdón y ella, una y otra vez, lo perdonaba. Es un ciclo perverso en el que acaban cayendo las víctimas de violencia machista. Un ciclo complicado de entender para quien lo vive desde fuera, pero que está ámpliamente documentado y que sigue unos patrones ya bien definidos. Un ciclo que todos aquellos que tratan con víctimas de violencia de género (médicos, policías, jueces y juezas, asistentes sociales y psicólogos…) deberían conocer y saber interpretar, tal como lo exige la ley de violencia de género en vigor desde el 2004.

Cuando llegó la guardia civil a su domicilio, él se había marchado. Fueron ellos los que pidieron una ambulancia para que la atendieran y examinaran las lesiones que le había dejado la tremenda paliza que acababa de recibir y que le dejó marcas, hematomas e inflamaciones a lo largo de todo el cuerpo. Fueron ellos, también, los que la convencieron de que debía denunciar, a pesar de que ella se resistía. Esta vez dio el paso.

Sin embargo, esta denuncia lejos de un fin, supuso el principio de otros tres largos años de calvario que aún no ha terminado. Un calvario judicial, tal como relata la propia víctima y varias expertas en violencia de género, que ven en él un “caso de libro”. 

Imputada por agresión

La paliza tuvo lugar un sábado por la noche. El lunes siguiente, la primera vista en el juzgado de violencia de la Mujer nº 1 de Arganda del Rey, especializado en violencia de género. Ella acude con el cuerpo “machacado” aún por los golpes, lleno de hematomas y con el parte de lesiones del hospital donde la atendieron. Él reaparece con su abogada y presenta un parte de lesiones por unos arañazos en el cuello. La acusa de ser ella la que lo agredióLa jueza María Jesús López Chacón, acepta las denuncias cruzadas y los imputa a los dos con sendas órdenes de alejamiento. Isabel pasa en este acto de posible víctima de violencia de género a imputada por maltrato en el ámbito familiar con una posible pena de varios meses de prisión. Esta situación se prolonga a lo largo de todo el proceso que dura cerca de tres años.

 “Él utiliza la estrategia de denuncia cruzada”, afirma Marisa Soleto, presidenta de Fudación Mujeres. Es una práctica ya identificada en los casos de violencia de género y que se ha incrementado en los últimos años. Tanto, que el Poder Judicial la incluye en una guía en la que advierte a jueces y magistrados estar atentos a este tipo de denuncias falsas y “la conveniencia de cribar la razonabilidad de la denuncia cruzada, como filtro antes de imputar sorpresivamente a quien ha comparecido como víctima”. La guía los exhorta a “actuar con especial cautela para evitar que las víctimas de estos delitos puedan verse imputadas por delitos de violencia doméstica ante cualquier manifestación meramente defensiva por su parte [del maltratador]”.

“Lo que pasó Isabel ha sido un calvario, por el que estuvo a punto de salir condenada por el tema de lesiones, cuando lo que ella refiere es, en realidad, un maltrato de libro”

“Lo que pasó Isabel ha sido un calvario, por el que estuvo a punto de salir condenada por un tema de lesiones, cuando lo que ella refiere es, en realidad, un maltrato de libro”, añade Soleto.

“¿Qué es juzgar?”, se pregunta Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas. Y se contesta: “Es aplicar la norma, pero al mismo tiempo que la aplican, los jueces la tienen que interpretar, y cada uno la interpreta de acuerdo con la ideología que tiene. Los maltratadores denuncian un arañazo en la cara para intentar que el caso no se trate como violencia de género, sino como una disputa doméstica, donde uno y otro tienen la misma culpa. Isabel es un ejemplo de centenares de mujeres a las que les ocurre lo mismo, que se las interrumpe, que no se las escucha y que se las trata como si ellas fueran las responsables de la violencia que sufren”, añade Pérez del Campo.

“He sufrido una pena de banquillo de tres años. Todo porque la jueza de violencia no hizo lo que tiene que hacer. Yo llegué con una paliza en el cuerpo y él, que me saca 20 centímetros de altura, que es karateca y que tiene una estupenda forma física, con uno mínimos arañazos que yo no le hice”, comenta Isabel que describe este como el principio de su “calvario judicial”.

Condena y suspensión de entrada en prisión

La instrucción del caso, realizada por el juzgado de violencia de género nº 1 de Arganda del Rey, pasa finalmente al juzgado de lo penal nº 4 de Alcalá de Henares en mayo de 2016. En un procedimiento abreviado y en vistas a los hechos remitidos, la jueza considera que no existe base para enjuiciar a Isabel por lo que la absuelve del delito de malos tratos en el ámbito familiar. Pero afirma que queda probado que su expareja, J.C.E. es culpable de “un delito de malos tratos habitual”. Según la instrucción recibida, la jueza de lo penal decreta probado que ha existido maltrato psicológico continuado y, al menos, un episodio de maltrato físico. Por estos hechos lo condena a una pena de prisión de dos años, nueve meses y un día. Esta sentencia será ratificada por la Audiencia Provincial el pasado mes de octubre, pasando a ser una condena firme.

“Me absolvió a mí de todo y lo condenó a él por los dos únicos delitos que la jueza instructora nos ha dejado juzgarle. Porque mi abogado y yo habíamos acusado a mi expareja de muchos más delitos que la jueza instructora de Arganda del Rey finalmente no incluyó en la instrucción”, apunta Isabel.

En su sentencia, la jueza de lo penal establece dos penas. Una de dos años por maltrato habitual y otra de nueve meses y un día por la agresión.

Sin embargo, a finales de diciembre pasado, un auto emitido por la magistrada de ejecutorias del mismo juzgado de Alcalá de Henares, concede la suspensión de prisión por un período de dos años en virtud de la “reinserción social” cuando se cumplen determinados requisitos y “cuando no existe un pronóstico de reincidencia en el futuro”. Para adoptar esta resolución, según afirma el auto al que ha tenido acceso Público, se “valorará las circunstancias el delito cometido, las circunstancias personales del penado, sus antecedentes, su conducta posterior al hecho, en particular su esfuerzo para reparar el daño causado, sus circunstancias familiares y sociales…”

Tanto el abogado de Isabel, como las personas consultadas por este diario, afirman estar sorprendidas por este auto. En términos generales, el Código Penal estipula que esa medida se aplique a penas inferiores a los dos años de prisión. Sin embargo existe una excepción que permite a los jueces decretar la suspensión cuando cada una de las condenas no sea superior a dos años y que concurran ciertos requisitos. Este auto ha sido recurrido por Isabel y está a la espera de resolución.

Lo que no tiene en cuenta este auto, porque los hechos no están detallados en la instrucción remitida desde el juzgado de violencia de Aranda del Rey, es que existen otros procedimientos abiertos contra J.C.E que aún no han tenido respuesta.

Según relata Isabel, ella denunció en cuatro ocasiones a su expareja por quebrantar la orden de alejamiento de 500 metros que tiene impuesta desde que comenzó el proceso judicial. Tres de ellas, cuenta, fueron destinadas, pero una sigue su curso en el juzgado de violencia de Arganda. Sucedió un día de septiembre en que fue a buscar a sus hijas al colegio (tiene una hija en común con el condenado y otra de un matrimonio anterior). Entonces, afirma, él apareció y se colocó delante del coche con actitud amenazante, que la obligó a pegar un frenazo y le generó un estado de ansiedad que provocó un leve accidente. Fue trasladada a urgencias en ambulancia ante el estado de ansiedad que sufría.

Otra de las causas pendientes se refiere a una denuncia que presentó por amenazas en mayo pasado. Justo después de producirse la condena de su expareja encontró en la mochila del colegio de su hija unas letras que, juntas, forman la palabra “muerte” y afirma que la niña le contó que su padre le había dicho “mamá va a sufrir mucho”. Según Isabel, tanto la niña como las profesoras niegan que las letras salieran de la clase.

¿Es que no tiene bastante con la condena?

Fue entonces cuando solicitó un cambio del régimen de visitas de su hija con su padre condenado por malos tratos. Desde que se inició el proceso, el juzgado de violencia mantiene un régimen de visitas que ella considera propio de un “divorcio de mutuo acuerdo” y no de un caso de violencia de género. “Él ve a la niña los martes y jueves de 5 a 8, fines de semanas alternos y la mitad de las vacaciones”, comenta. Lo que solicita, ante lo que considera amenazas y el temor de que su expareja utilice a la niña como forma de hacerle daño a ella, es que estas visitas se reduzcan y que sean vigiladas.

La ONU exigió a España que pusiera las medidas necesarias para que los antecedentes y condenas por violencia machista fueran determinantes a la hora de decidir custodias y visitas de menores

España ya fue condenada en 2014 por Naciones Unidas por un caso de características similares (el de Ángela González Carreño) y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) solicitó a nuestro país que pusiera las medidas necesarias para que los antecedentes y condenas por malos tratos sean un factor determinante a la hora de decidir las  visitas y custodias.

La legislación española recoge esta precaución. La modificación de la ley de la infancia y la adolescencia reconocen desde 2015 a los hijos de las mujeres maltratadas como víctimas directas de violencia de género, al tiempo que recuerda que los jueces siempre deben pronunciarse sobre las medidas cautelares que les afectan. Sin embargo, la laxitud de la ley tiene como consecuencia que estas medidas de protección se apliquen en contadas ocasiones, tal como afirman muchas expertas en violencia de género.

El pacto de Estado contra la violencia machista aprobado en el Congreso el pasado mes de septiembre propone medidas más duras para establecer las visitas y custodias de niños hijos de víctimas de violencia machista. Sin embargo, este pacto aún no ha entrado en vigor ni el Gobierno ha dado pasos para financiar las 26 primeras medidas que deberían comenzar a aplicarse este trimestre, tal como acordó con las comunidades autónomas.

“El tema de los menores es altamente preocupante”, afirma Pérez del Campo. Esta semana se difundía en los medios el caso de dos menores secuestrados por su padre condenado en firme por violencia de género. “Pero una y otra vez vemos como los tribunales siguen concediendo visitas como si se tratara de divorcios amistosos”, añade. “Los juzgados se resisten mucho a la retirada de custodias y visitas, y no digamos a la de las patrias potestades”, explica Soleto.

Según relata Isabel, la denuncia que puso por las amenazas ha dado varios tumbos y aún está sin resolver. “En lugar de ver el caso en el juzgado nº 1 de violencia, la jueza lo envía a un juzgado de lo penal. Allí un juez afirma que ve indicios de delito, de criminalidad y de peligro para la niña y abre diligencias previas. Sin embargo, lo devuelve al juzgado nº 1 de violencia de Arganda porque entiende que es allí donde se debe ver este caso. Esto ha sido en mayo y aún estamos esperando que se decida qué juzgado es el competente para ver las amenazas. Está parado”, afirma Isabel.

Otra de las medidas solicitadas para modificar el régimen de visitas fue una vista con la fiscal. Esta se produjo a principios del mes de julio pasado. Una sesión dura, en la que la fiscal actúa de forma agresiva y contundente con Isabel, e incomprensible para todas las personas consultadas por este diario. Tanto que se presentó una queja ante la fiscalía de Madrid, que fue archivada. Este órgano considera que la fiscal actuó de forma “correcta y respetuosa” y que de las grabaciones no puede “inferirse la existencia de un prejuicio o animadversión hacia la denunciante”, ni que la tratara de “manera desconsiderada”.

Sin embargo, en la grabación, que dura cerca de hora y media, la fiscal interrumpe reiteradamente a Isabel, le pide a la jueza que la reconvenga por sus gestos y acaba pidiéndole que abandone la sala durante un rato.

En la vista, según el vídeo al que ha tenido acceso Público, la fiscal afirma que no se ha acreditado ni una mínima situación de riesgo para la menor y afirma que el haber estado en la vista ha sido una “total pérdida de tiempo”. “¿Es que usted no tiene bastante con una sentencia condenatoria en el ámbito penal? ¡Usted quiere más! Yo creo que la represalia es respecto de la parte actora [Isabel] que quiere ir ahora contra el padre porque le ha parecido insuficiente la condena… que ahora le quiere quitar a la menor. Y está jugando con todos, teniéndonos aquí no sé si llevamos dos horas aquí sentados. Me parece una cosa denigrante…” afirma la fiscal, entre otras cosas, en sus conclusiones finales dirigiéndose directamente a Isabel.

No sólo la actitud de la fiscal y del procedimiento en este caso ha levantado indignación entre las organizaciones de mujeres y expertas en la lucha contra la violencia de género. También la puesta en escena. En el vídeo se ve cómo Isabel, una víctima de violencia machista, está literalmente metida dentro de una caja para separarla de la vista de su expareja. “En otros juzgados hemos visto que hay biombos de separación, pero aquí llama poderosamente la atención esta caja de madera, esta especie de ataúd en la que está metida ella”, afirma Soleto.

Todas las expertas consultadas por Público afirman que es necesario poner el foco en la protección de los menores. El año pasado ocho hijos e hijas de víctimas de violencia de género fueron asesinados por sus padres o las parejas de sus madres -la cifra más alta de la que se tiene registro-. Si no ponemos medidas, si no se entienden los mecanismos de la violencia vicaria (aquella que se ejerce a terceros para hacer daño a la mujer) será muy difícil acabar con este drama.

“Todo parece indicar que la suspensión de la pena de prisión tiene como finalidad casi exclusiva el no interrumpir las visitas. No interrumpir el contacto con la hija, lo que son doble o triples saltos de lo que está pasando en los juzgados”, afirma una experta. “Después cuando ocurre una tragedia nos preguntamos porqué”, afirma Soleto, “pero se están dando las condiciones para que siga sucediendo. De hecho lo raro es que no suceda más seguido“, concluye.