14/07/2017 – ¿Qué pasa con la titularidad compartida de las explotaciones?

La Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias, que se aprobó hace más de cinco años con el consenso del sector y de las organizaciones de mujeres rurales para llevar la igualdad al campo, sigue teniendo una aplicación anecdótica, con sólo 300 mujeres inscritas como cotitulares.

Es, en palabras de la directora general de Desarrollo Rural y Política Forestal, Esperanza Orellana, una cifra “insuficiente” en comparación con las 20.000 o 30.000 explotaciones que se esperaba que se acogieran a este régimen, que supone visibilizar el trabajo de las mujeres que trabajan con sus parejas y otorgarles derechos.
El propio texto legislativo preveía la realización de un análisis de sus evolución a los cinco años de entrada en vigor y, a la vista de los resultados, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha tomado cartas en el asunto para impulsarla.
Hace un par de meses se crearon dos grupos de trabajo -explica Orellana-, uno con las comunidades autónomas que “son realmente las gestores de los registros” y otro con los representantes de mujeres rurales, organizaciones agrarias y cooperativas.
Ya se han celebrado dos reuniones para analizar la situación y se han empezado a diseñar medidas, que pasan fundamentalmente por el conocimiento “de las interesadas, que sepan qué derechos se les otorgan y qué necesitan, y que no es sólo “cuestión de visibilidad”. Al ser cotitulares de su explotación las mujeres pueden, por ejemplo, tener derecho a una pensión.

Los obstáculos de la titularidad compartida

Otro “obstáculo” pueden ser los propios cónyuges, por lo que otra de las medidas es informales a ellos, además de a los funcionarios de oficinas comarcales y otros registros, “la primera ventanilla a la que se acercan las mujeres y que “muchas veces tampoco conocen en profundidad la ley e incluso pueden desanimarlas“, añade. Material de apoyo, un grupo de trabajo interministerial, un estudio de las potenciales beneficiarias y un teléfono de asistencia son otras de las iniciativas previstas por el Gobierno.

Las organizaciones de mujeres rurales coinciden en valorar este impulso político a una ley que, a su juicio, tiene como grandes obstáculos la falta de información de los beneficiarios y de los funcionarios y los dificultosos trámites burocráticos.
Para la presidenta de la Federación de la Mujer Rural (Femur), Juana Borrego, es necesario hacer “alguna reforma, sobre todo en el tema del papeleo”, y dotar de “una formación adecuada” a los funcionarios. El fin, según insiste, es que informen bien a las mujeres, “porque muchas aún piensan que no es lo mejor”.
La presidenta la Confederación Nacional de familias y mujeres del Medio Rural (Afammer), Carmen Quintanilla, resalta la importancia de que se haya entendido la importancia de esta norma, “que marcó un antes y un después” y que por primera vez da derechos sociales, jurídicos y fiscales a las colaboradoras en las explotaciones.
En su opinión, los principales obstáculos son las dificultades para registrase -que es muy “complicado”-, el gran desconocimiento por parte de los funcionarios y la falta de coordinación entre las administraciones por lo que “reclama una guía clara y didáctica”.