15/02/2017 – El Congreso debate si prohíbe por ley indultar a condenados por violencia de género y corrupción

El Pleno del Congreso debatió este martes una proposición de ley del PSOE que modifica la Ley de Reglas para el ejercicio de la Gracia de Indulto, que data de 1870, para prohibir que esta medida se conceda a políticos condenados por corrupción y a personas con delitos relacionados con la violencia de género.

El PSOE ya registró esta iniciativa la pasada legislatura, pero ni siquiera se llegó a debatir teniendo en cuenta que apenas duró medio año. Ahora, sin embargo, vuelve a resucitar el asunto llevando el debate al Pleno de la próxima semana para su toma en consideración, según el borrador del orden del día del Pleno al que ha tenido acceso Europa Press.

En su proposición de ley, los socialistas plantean que no se pueda conceder el indulto, total o parcial, en casos de “delitos cometidos por una autoridad en el ejercicio de su función o cargo público, o prevaliéndose del mismo, con la finalidad de obtener un beneficio económico para sí o un tercero”, ni “cuando la condena sea por delito relacionado con la violencia de género”.

EXPLICAR EN EL BOE EL MOTIVO DEL PERDÓN

Además, quieren modificar otro artículo para que se exijan “razones de justicia, equidad, utilidad pública o debida reinserción social del condenado” para poder otorgar el indulto total, justificaciones que deberán publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a la hora de comunicar la concesión de indultos.

El texto del PSOE, que recoge Europa Press, también aboga por no conceder el indulto si en su correspondiente resolución no se hiciese mención expresa, al menos, a la pena en que recaiga la gracia, al delito cometido, al estado de ejecución, en su caso, de la pena impuesta, al título de imputación, al origen de la solicitud de indulto y, finalmente, a la motivación que, a juicio del Gobierno, ha justificado su concesión.

Según explica el PSOE, el indulto “es y debe ser” un recurso “excepcional” para dar por cumplida la responsabilidad penal impuesta, por lo que, alegan, “sólo es democráticamente asumible” cuando en su concesión concurran razones de “justicia, equidad o utilidad pública” que hasta hoy requiere la Ley de 1870.

“Y no está justificado que este recurso excepcional se aplique a los supuestos de delitos relacionados con la corrupción cometidos por autoridades o cargos públicos ni a los vinculados con la violencia de género”, insiste.