18/12/2017 – Ana Orantes: cuando la violencia de género dejó de ser suceso

Su asesinato 13 días después de narrar en televisión su calvario cambió la percepción social, mediática y política de la violencia de género.

Hoy, los avances legislativos y ciudadanos conviven con lagunas judiciales y resistencias del machismo.

Ana Orantes salió en televisión cuando la violencia de género era un asunto conyugal, una oscuridad de alcoba que, si acaso, valía para los programas de testimonios con público, carne de sobremesa con aplauso.

Era 4 de diciembre de 1997.

El relato valiente de sus 40 años de palizas, los empujones contra la pared, los puñetazos en la cabeza, las pérdidas de consciencia por los golpes, los insultos, los abusos a sus hijas y las 15 denuncias contra su secuestrador legal alimentaron un rato de audiencia que pasó casi desapercibido para la política, los medios, las instituciones y la sociedad. Para todos excepto para un tipo: José Parejo.

El ex marido de Ana, que vivía en la planta baja de la misma casa que ella por culpa de una sentencia de divorcio menos insólita de lo que parece, tomó nota y decidió terminar su trabajo de 40 años de dictadura. Trece días después de la aparición de Ana Orantes en Canal Sur, Parejo la agredió brutalmente, la ató a una silla y le prendió fuego.

Era 17 de diciembre de 1997.

Y entonces sí. Entonces algo pasó. Entonces Ana tuvo que morir para que sus palabras cambiaran las cosas. Entonces Ana Orantes dejó de ser un suceso para empezar a ser una asesinada de género.

Porque el 18 de diciembre, hace hoy 20 años, su crimen fue noticia de apertura de algunas televisiones y portada de varios medios que no sólo informaron de su caso sino que lo contextualizaron, lo sumaron a otros con la misma raíz y le dieron a Ana una categoría de pertenencia a algo: víctimas del machismo.

Dos días después del asesinato, los partidos pidieron «reformas legales» para atajar la violencia «doméstica». Y tres días más tarde de aquella sangre de Ana, el Consejo de Ministros prometió «endurecer» las penas por malos tratos. Por fin, la violencia de puertas adentro parecía llamar a las puertas de todos.

Pero los 20 años que hoy se cumplen desde aquellas portadas son, en realidad, un tiempo de avances con frenazos, de leyes más o menos aplicadas, de concienciación de género frente al negacionismo militante, de un Ministerio de Igualdad que duró sólo una legislatura, de asignaturas por dar y jueces por formar, y de más mujeres protegidas pero casi las mismas muertas.

Y son, en este vaivén de paradojas, dos décadas con más mujeres protegidas pero con 1.000 asesinadas más.

El ejemplo de Ana Orantes, mutado en martirio por lo que ha significado, fue calando escalones sociales y políticos arriba. Meses después del asesinato, el Defensor del Pueblo denunciaba la «carencia de interés social y jurídico que históricamente» ha tenido la «violencia doméstica sobre la mujer». Y la ONU instauraba el 25 de noviembre como Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En 1999, el Código Penal estableció la orden de protección a la víctima, que implicaba el alejamiento del agresor, y consideró el maltrato psicológico como violencia.

Pero la formación en igualdad, la atención a las víctimas y la concienciación social seguían estando fundamentalmente en manos de las asociaciones feministas, las únicas en España que dotaban al fenómeno de una condición estructural e incluso contabilizaban las mujeres asesinadas.

En 2002, el Gobierno y el CGPJ crearon el Observatorio contra la Violencia Doméstica (después ampliado a de Género), que estudia y categoriza las sentencias sobre malos tratos.

Pero la gran zancada política en España contra el terrorismo machista se produjo en 2004. Tras muchos años de lucha de los colectivos de mujeres, el Gobierno de Zapatero parió y el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la Ley Integral contra la Violencia de Género, un puñado de directrices educativas, sanitarias, formativas, sociales, policiales y penales para el abrigo de las víctimas y el castigo de los agresores.

Hoy, 13 años después, muchos culpables están vigilados o encarcelados, muchas inocentes están protegidas y muchos jueces, médicos o policías están formados. Pero también muchos de sus artículos siguen sin implementarse, muchos agresores viven impunes y muchas mujeres no hallan las condiciones para denunciar.

En 2007 el Gobierno aprobó la Ley de Igualdad con la abstención del PP y se creó el teléfono contra el maltrato: 016. «A veces oigo salir volando el teléfono», dijo una operadora a ELMUNDO para ilustrar lo que este servicio escucha al otro lado. Sólo en 2016, el teléfono (que es gratuito y no deja huella en la factura) recibió 85.000 llamadas fiables.

También en aquel 2007, un juez concedió por primera vez a una mujer y a su hijo un cambio de identidad por riesgo extremo de violencia. «He cambiado de nombre y de vida pero sé que él vendrá a matarme», nos contó Marta en 2014. Hoy sigue siendo otra. Por si acaso.

En 2015, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó la Ley de Infancia, gracias a la cual ya se considera a los hijos e hijas como víctimas de violencia machista.

Y en este 2017 el Congreso ha aprobado el pacto de Estado contra la violencia de género con la abstención de Podemos.

Sin embargo, el presente sigue clamando al cielo.

Un tercio de las órdenes de protección (un 50% en algunas provincias) no se concede. En 2014 las asesinadas que habían denunciado habían sido catalogadas policialmente con «riesgo bajo o nulo». Las mujeres heridas (43 al día) siguen sin ser contabilizadas oficialmente. El año pasado el 40% de los asesinos de género había sido denunciado. La última encuesta de la FAD dice que uno de cada cuatro jóvenes ve «normal» la violencia de género en pareja. Y, hoy, 20 años después, algunos medios siguen llamando al asesinato de género «crimen pasional» o «reyerta familiar».

Quizá por estos 20 años contradictorios, Raquel, la hija de Ana Orantes, ha escrito a su madre una carta de justicia y dolor: «Tu testimonio ha quedado marcado en la memoria de un país que te recuerda (…) Gracias a tu acto de valentía, denuncias como la tuya no quedan impunes (…) Me encantaría decirte que todo ha cambiado, pero, mamá, no es así. Siguen asesinando con impunidad y las supervivientes seguimos siendo, desgraciadamente, ciudadanas de segunda».

Más víctimas ya a principios de diciembre que en todo 2016

La muerte de Ana Orantes se convirtió en la foto de portada de EL MUNDO el 18 de diciembre de 1997, hace hoy 20 años. Fue el único diario de ambito nacional que concedió semejante tratamiento al asesinato de la mujer que días antes había acudido al programa De tarde en tarde (Canal Sur) para ofrecer su testimonio. «Vinieron no guantadas, sino palizas. Toda su cosa era cogerme de los pelos, de darme contra la pared. Me ponía la cara así. Yo no podía respirar, yo no podía hablar porque yo no sabía hablar, porque yo era una analfabeta, porque yo era un bulto, porque yo no valía un duro. Así han sido 40 años», describía así el martirio físico y psicológico sufrido. Dos días después del crimen, la presentadora de aquel programa, Irma Soriano, admitía: «La sociedad ha fallado […] A Ana le hemos fallado». Hasta el pasado 4 de diciembre, fecha de la última actualización Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 46 mujeres habían muerto en España por culpa de la violencia de género, más que en todo 2016 (44). Madrid presenta 8 casos, por delante de Andalucía y la Comunidad Valenciana (7 cada una) y Cataluña (6). En Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, La Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla no ha habido víctimas.