23/03/2017 – El 20% de las mujeres de Castilla y León registradas como víctimas de violencia de género tiene entre 18 y 30 años

Los rectores de las universidades castellano y leonesas, durante la firma del convenio

Cerca de un 20 por ciento de las mujeres de Castilla y León registradas como víctimas de violencia de género tienen entre 18 y 30 años y, en 2016, un 25,5 de las mujeres atendidas por los diferentes servicios de este sistema se situaban en esa misma franja de edad, según ha detallado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, quien recalcó que es necesario seguir trabajando para poder luchar contra esta lacra. Además, el 21 por ciento de las mujeres entre 16 y 24 años sufren violencia psicológica de control.

La Junta de Castilla y León, a través de las Consejerías de Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades, y las nueve universidades de la región han firmado un protocolo marco con el fin de poner en marcha medidas para prevenir y actuar en cuanto se detecte un caso de violencia de género en el ámbito universitario. Entre estas acciones se encuentran las «unidades responsables», una por universidad -aunque cada una de las instituciones académicas tendrá libertad para adaptarlas a sus campus- que tratarán de estar alerta ante posibles señales de maltrato y que trabajarán coordinadas con los Servicios Sociales una vez que se confirme el caso.

Se trata de una nueva herramienta a disposición de las mujeres de toda la comunidad universitaria -profesoras, estudiantes y personal de administración- que podrá actuar ante casos que no se produzcan en el marco de la universidad, es decir, también en aquellos que tengan lugar fuera. Es un paso «importante» y «novedoso», explicó la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades Alicia García.

Los responsables de las unidades serán los encargados de difundir entre la comunidad universitaria pautas básicas para detectar actos o identificar víctimas de violencia de género. Será en ese momento cuando comience la atención a la víctima y se busquen los recursos sociales adecuados para su situación. La participación de la mujer afectada siempre será voluntaria y se respetará la confidencialidad.

Si el supuesto agresor es miembro de la comunidad universitaria, propondrá al órgano competente los mecanismos internos oportunos, sin perjuicio de los procedimientos previstos legalmente. Si se trata de un trabajador de la universidad, la unidad podrá plantear medidas provisionales relativas a las condiciones de trabajo.

Formación especializada

Las nueve universidades de la región se comprometen además a través de la firma del protocolo a revisar sus planes de igualdad. Se hará también especial hincapié en la formación especializada en igualdad y en la lucha contra la violencia de género. En este sentido, el documento suscrito plantea a las instituciones docentes poner en marcha formación continua en las titulaciones cuya actividad profesional está más implicada en la erradicación de la violencia de género y en la atención a las víctimas como son Educación, Periodismo, Sanidad, Psicología y Derecho.